La Comisión Permanente del Congreso de los Diputados convalida el real decreto aprobado el viernes 29 de marzo de 2019, para concluir la reforma de la carga y descarga en los puertos, conocida como estiba, según informa Espiral21.

Entre las novedades, la reforma abre la actividad de la estiba a las ETT pero con limitaciones

La aprobación se produjo con los 33 votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Grupo Mixto.  La votación, sin embargo, ha contado con 25 votos en contra del Partido Popular y siete abstenciones, de Ciudadanos.

El nuevo reglamento lo defendió por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que abogó por buscar el apoyo de todos los grupos parlamentarios al real decreto ley, del que destacó la búsqueda de “conseguir un sector en el que tengamos un mercado abierto, con libertad de contratación de trabajadores profesionales y personal formado y eficaz para tener puertos competitivos”.

Ábalos ha señalado que este nuevo marco jurídico legal de la estiba “garantiza la estabilidad y calidad del empleo, y los derechos de los trabajadores; adoptan medidas para lograr una mayor flexibilidad organizativa en las empresas; y dota de seguridad jurídica al sector”.

El diputado popular Miguel Barrachina, sin embargo, reclamó a Ábalos que muestre el informe favorable de la Comisión Europa a las modificaciones introducidas en el nuevo real decreto ley. “Cuando se concentra formación y contratación cabe el riesgo de que la Comisión Europea nos inicie otro procedimiento infractor”.

La patronal y el sindicato mayoritario de la estiba ofrecieron su satisfacción por la aprobación del real decreto ley y han destacado la estabilidad que aporta este nuevo marco legal al sector.

“Para la patronal del sector, esta convalidación supone un importante avance en la culminación de un marco legal que otorgue seguridad jurídica a esta actividad económica por lo que agradece el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente”, explican desde Anesco, que considera que esta aprobación “dota de mayor estabilidad a las relaciones laborales y contribuye a la evolución del modelo de la estiba para incrementar la competitividad de los puertos españoles”.

Desde Coordinadora aplauden también el apoyo a la reforma, al considerar que “aúna las demandas de los trabajadores y de la patronal, así como el visto bueno de la Comisión Europea”.

El sindicato destaca el trabajo en las negociaciones la secretaria general de Transporte del ministerio de Fomento, María José Rallo, y el diputado socialista César Ramos.

El sindicato aprovecha el comunicado para recordar que todavía queda pendiente la aprobación del real decreto que regula el régimen de ayudas especiales para la adaptación del sector y la regulación del certificado de profesionalidad de la estiba, que está en fase de información pública. Coordinadora señala que el Gobierno se comprometió a que su aprobación se llevara a cabo en las próximas semanas.

La historia del conflicto

Los portuarios llevan 2 años con movilizaciones contra el efecto liberalizador impuesto por Bruselas para facilitar la contrataciones en la estiba.

La estiba es la operación de manipulación de mercancías en los puertos, que incluye las actividades relacionadas con la carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías. Los estibadores transfieren esa mercancía entre buques, tierra y otros medios de transporte. Para medir la importancia del trabajo, el valor de la mercancía que se mueve por los puertos en exportaciones e importaciones alcanza los 200.000 millones de euros al año (20% del PIB).

Representa una de las principales fuentes de coste para los operadores que transportan mercancías. Aproximadamente, la estiba acapara el 51% de los costes de manipulación de mercancía en un puerto, según un informe de la consultora PwC.

A través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep, antes Sestiba en Las Palmas), amparadas por la Ley de Puertos, su misión esencial es la de seleccionar, formar y gestionar a los trabajadores portuarios que realizan labores de estiba.

Las Sagep ceden sus trabajadores a los operadores portuarios que prestan el servicio de estiba. No pueden utilizar una vía de contratación distinta a la Sagep. Estas condiciones de contratación se fijan en acuerdos marco y convenios pactados con el sindicato mayoritario Coordinadora de Trabajadores del Mar, que en Las Palmas preside Miguel Rodríguez.

En general, se fijan turnos de trabajo de 6 horas, conocidas como manos o fijación arbitraria de equipos y retribución garantizada por encima del salario medio español.

Los trabajadores se agrupan en torno a un registro de estibadores, una especie de colegiación que Bruselas considera ilegal.

Salarios

El salario de un estibador se compone de un mínimo de grupo (30 turnos de trabajo mensuales), dos pagas extra, pluses de jornada, sistema de primas, remates (una o dos horas extra), plus de toxicidad, peligrosidad, asistencia a nombramientos y 30 días de vacaciones. Según las cuentas anuales de las Sagep, la suma de estos factores dan lugar a un salario bruto medio anual de casi 68.000 euros.

La fecha clave del conflicto fue el 11 de diciembre de 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia que decía que España vulneraba el artículo 49 del Tratado al “obligar con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos a inscribirse en una Sagep y, en todo caso, al no permitirles recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos por la Sagep no sean idóneos o sean insuficientes“.

El Gobierno adquirió un compromiso con Bruselas para tramitar el cambio legal con urgencia vía Decreto Ley. La mayor novedad fue la liquidación de las sociedades de estiba (Sagep) y del registro de estibadores.

Con la reforma, se pretendía crear libremente empresas de servicios de estiba con un régimen similar al de una ETT. El Gobierno establecía un periodo transitorio de 3 años de obligación de mantenimiento de un porcentaje de la actual plantilla (el 75% el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero).

El cambio exigía adaptar los actuales convenios colectivos a la normativa nueva o se declararán nulos y, con alguna excepción, los estibadores necesitarán una titulación de FP. Las autoridades portuarias, además, se comprometían a compensar los costes por despido.