El pleno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha ratificado esta mañana en sesión extraordinaria y por unanimidad, su oposición a las concesiones acuícolas destinadas a la instalación de medio centenar de jaulas marinas en el ámbito geográfico marino de la Zona de Interés Acuícola ZIA-LZ-2 de la isla de Lanzarote (entre la capital de la Isla y el aeropuerto César Manrique), avalando al presidente, Oswaldo Betancort, a interponer un recurso judicial contra la aprobación del citado proyecto.

“Todas las fuerzas políticas coincidimos en que es lo mejor para nuestras islas y agradezco la unión que hoy hemos demostrado aquí en defensa de algo que nos afecta a todos”, ha señalado el presidente, asegurando que asume “esa legitimidad que me han dado para defender el litoral de Lanzarote de la mano de todas las administraciones y agentes implicados”. “Es fundamental preservar el ecosistema, preservar nuestra imagen y que esas actividades económicas se posicionen en aquellos lugares en los que realmente se puedan posicionar y que todos en la Isla estemos alineados para no comprometer el litoral”, ha añadido Betancort.

Por su parte, el consejero del Área de Política Territorial, Jesús Machín Tavío, ha señalado que “seguimos la misma línea marcada hasta ahora porque se ha puesto en evidencia el rechazo de instituciones, asociaciones como las cofradías de pescadores, y la población en general, a la instalación de la acuicultura en las costas de nuestra isla”, recordando que “fue durante el anterior mandato cuando se dio la orden de interponer un recurso contencioso administrativo contra dichas concesiones, en un gesto de responsabilidad y compromiso, el gobierno de Betancort asume la petición del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que sea el nuevo plenario quien adopte dicho acuerdo”.

“Estamos en contra de la acuicultura de Playa Quemada, tal y como defendimos en nuestra etapa en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Agricultura, y de hecho, no hay que olvidar que se introdujo una propuesta del Grupo Nacionalista en la nueva ley del cambio climático, relativa a que en la ordenación del litoral debe priorizarse siempre el mantenimiento de nuestro ecosistema marino sobre cualquier tipo de explotación de otra índole”, concluyó Machín.