La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (ANAMER) y CEPESCA han firmado hoy un acuerdo marco de colaboración con la asociación argentina OPRAS (Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros del Atlántico Sur) para potenciar una gestión sostenible y proteger los recursos marinos de las aguas internacionales de la zona FAO 41 de este océano. Esta área de aguas internacionales, que recorre toda la costa argentina y es adyacente a la Zona Exclusiva Económica de este país, está sometida actualmente a una enorme presión pesquera, y concentra una gran actividad de pesca ilegal por parte de flotas asiáticas, básicamente chinas, coreanas y taiwanesas al no existir en ella ningún tipo de regulación ni Organización Regional de Pesca que la gestione.
Con la firma de este acuerdo, ANAMER y CEPESCA se suman al colectivo de organizaciones no gubernamentales, empresas y productores del sector pesquero que se integran en OPRAS y que buscan mantener el equilibrio ambiental y la salud de los ecosistemas marinos del área como única fórmula para garantizar el futuro del caladero. OPRAS, que nació en 2018, firmó un acuerdo similar al ahora rubricado con ANAMER y CEPESCA, con la Cámara de Armadores e das industrias da Pesca de Itajai e Regiao de Brasil (SINDIPI), país también ribereño del Área FAO 41. Posteriormente, ambos organismos presentaron ante la ONU y la FAO su proyecto para establecer mecanismos de ordenamiento para aguas internacionales.
El proyecto de OPRAS, al que ahora se suman ANAMER y CEPESCA, tiene como objetivo asumir un mayor protagonismo y promover ante organismos y gobiernos la necesidad de empujar la aplicación en esta zona de los ordenamientos esenciales de gestión y conservación de las pesquerías en alta mar como fórmula para erradicar de ella tanto las prácticas abusivas como la actividad de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).
Merluza y pota
En las aguas internacionales del área FAO 41, ricas en merluza y pota, vienen operando entre 22 y 26 buques de la flota española desde hace 37 años, desde 2008 sujetos a una normativa específica de la Unión Europea que contempla, entre otras medidas, la necesidad de obtener un permiso especial de pesca, embarcar a observadores a bordo o la prohibición de pesca en las zonas declaradas como ecosistemas marinos vulnerables, tras un exhaustivo cartografiado del fondo marino realizado por el Instituto Español de Oceanografía antes de la entrada en vigor del reglamento.
El acuerdo firmado entre ambas organizaciones implica, entre otros objetivos, la creación de una comisión técnica para la conservación y sostenibilidad de los recursos de la alta mar en el Atlántico Sudoccidental, así como promover un régimen de explotación sostenible en ella, fomentando conductas de explotación que respeten la pesca responsable, la sostenibilidad de los recursos, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y el equilibrio ambiental.