Calidad frente a precariedad. Esta es la firme apuesta que este año pone sobre la mesa Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en un ejercicio económico clave para la revisión de los pliegos que regulan el funcionamiento de los servicios portuarios. Unos pliegos enfocados hacia la actualización de tarifas y la mejora de las prestaciones con medios humanos y materiales adaptados a las exigencias de los puertos de Las Palmas y con el objetivo de mejorar la calidad de esos servicios que se regulan, según reconoce el propio Ibarra. El presidente, en esta su segunda etapa en el cargo, ha visto cómo el proceso de tramitación de los pliegos se está convirtiendo en motivo de fricción en el seno de la comunidad portuaria. El de remolque, por ejemplo, está recurrido ante la Justicia por parte de una de las empresas prestadoras, Odiel Towage, y por la patronal Asocelpa, que agrupa a empresas consignatarias y estibadoras de Las Palmas. Asocelpa también ha tenido papel protagonista en el trámite de alegaciones al borrador de pliego de amarre. Ha presentado 22 alegaciones. En una de ellas denuncia falta de tiempo para poder analizar bien el pliego y presentar sus alternativas.
"Nostros proponemos las condiciones para poder ofrecer calidad, mientras a otros parece que lo que más les interesa en este proceso es conseguir condiciones para poder operar en estos puertos en condiciones de precariedad", afirma Ibarra. En torno a las alegaciones sobre el pliego de amarre, Ibarra destaca el hecho de que nadie se ha quejado de las nuevas tarifas propuestas, "lo que demuestra que somos muy estrictos para ajustar los incrementos", añadió.
Ibarra informa de que también se han presentado algunos matices a los aspectos relativos a los medios humanos y materiales y a otros artículos que ya una vez han sido validados por el pliego de bases de Puertos del Estado no admiten ningún tipo de cambio. "Parece que Asocelpa se mantiene en su filosofía de precarizar los medios que se necesitan para el servicio de amarre. Prefieren un puerto atomizado con servicios que no sean de calidad. Nosotros apostamos por tener un puerto de primer nivel, con un prestador de servicio que ponga los medios y un segundo que tenga también que poner los mismos medios. No vamos a entrar en la idea de dividir el puerto, ni en la de precarizar servicios", afirma el presidente de Puertos de Las Palmas. Sobre la propuesta de que se pueda optar por la autoprestación del servicio de amarre, Ibarra confirma que es algo que permite la ley.
Luis Ibarra ha querido dejar claro que ha llegado el momento de actualizar pliegos muy antiguos, del siglo pasado, y que el rol de la Presidencia en su tramitación tiene escaso margen de acción. Recuerda que son los técnicos de cada departamento implicado en el proceso los que van redactando el articulado conforme a las normas vigentes y a las exigencias del mercado actual. "Hemos adaptado los pliegos a las nuevos requisitos que impone la Ley de Puertos. Y hemos decidido, además, incluir al Puerto de Arinaga en el servicio de amarre, al igual que hemos integrado a Lanzarote y Fuerteventura en el pliego de remolque. Arinaga es un muelle plenamente operativo, donde cada vez hay más actividad. Su inclusión conllevará mayores costes, sin duda. Estará el incremento en torno al 9 por ciento, pero es razonable después de tantos años y con la integración, además de Arinaga, de la Dársena de África", recalca Ibarra.
El Consejo de Navegación analizará las alegaciones al pliego de amarre la próxima semana y en torno al próximo día 21 se enviará el borrador a Puertos del Estado para que emita su informe vinculante. En septiembre estará listo el borrador del servicio de practicaje y en noviembre el relativo a la gestión de residuos Marpol: "Será necesario aumentar el número de prácticos, probablemente de 12 a 15, porque habrá que prestar servicio en Arinaga y en la Dársena de África, pero todos estos aumentos de tarifas serán compensados con la reducción de las tasas portuarias que estamos promoviendo", concluye Ibarra.
Evitar la conflictividad
Ibarra confía en que no se siga generando crispación en el Puerto de Las Palmas en este complejo trámite de aprobación de nuevos pliegos, como podría ocurrir con el de Marpol, donde algunas empresas están ya enfrentadas, y con visos de acabar en manos de la Justicia, por la gestión de las aguas residuales de los buques.
"Intentamos no generar conflictividad, pero tampoco nos vamos a esconder si otros la generan. Somos la Administración. Demandar a la Administración no es un asunto baladí. Estamos actuando conforme a la ley. Asocelpa ha iniciado un camino de confrontación, también vía judicial, y ni siquiera da a conocer con transparencia cuáles son los motivos por los que han decidido recurrir el pliego de remolque", reitera Ibarra. En su opinión, "Asocelpa tiene un grave problema de división interna y la decisión de recurrir a la Justicia se aprobó por un solo voto a favor de ventaja en su Asamblea General. Esto les ha llevado a tener que soportar ahora dimisiones sucesivas en su directiva. Es una asociación más de este puerto, no le doy mayor importancia a su afán de confrontación, y menos en este momento de descrédito que sufre Asocelpa. Nosotros tenemos clara nuestra hoja de ruta".
Para Ibarra, al recurso de Asocelpa contra el pliego de remolque le ha sucedido el uso de "un tono fuera de lo normal en la presentación de alegaciones al amarre". Asocelpa critica que la Autoridad Portuaria no le ha concedido la extensión del plazo inicial previsto para ese trámite. Ibarra aclara: "Hay una clara voluntad de dilatar los plazos, no sabemos con qué objetivos. Lo hemos comprobado con el retraso deliberado en la recepción de la documentación que enviamos. Si se le pide a la Administración una ampliación de plazo hay que hacerlo con rigor, con motivos justificados. La verdad es que desconozco totalmente los motivos que han llevado a Asocelpa a un cambio de actitud tan grande en comparación al talante que mantenía esta patronal en mi anterior etapa como presidente".