En relación con el último informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -INF/CNMC/094/20- sobre la propuesta del V Acuerdo Marco de la estiba, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo, ANESCO, realiza las siguientes manifestaciones:
- A la vista de las objeciones planteadas por la CNMC, la patronal de la estiba muestra su preocupación y lamenta la situación que se genera a partir de ahora en el sector puesto que la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica perjudica a la competitividad, así como a las inversiones, tráficos y trabajadores.
- ANESCO ha demostrado a lo largo de los años que su compromiso con la negociación colectiva y el deseo de alcanzar acuerdos con los sindicatos es innegable y constante.
- Prueba de ello es que es la única asociación empresarial que forma parte de la comisión negociadora del V Acuerdo Sectorial Estatal desde el convencimiento del valor del diálogo social.
- Así, desde la sentencia del TJUE que modificaba el modelo de la estiba en los puertos españoles, ANESCO ha participado en la búsqueda de soluciones consensuadas con Gobiernos, partidos políticos y organizaciones sindicales para garantizar su correcta aplicación.
- En este sentido, a lo largo de los últimos meses y con el objetivo de adaptar las recomendaciones hechas hasta en tres ocasiones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al borrador del V Acuerdo sectorial estatal consensuado el pasado 25 de noviembre de 2019, ANESCO ha participado constructivamente en numerosas reuniones y encuentros técnicos, en los que se han conseguido importantes avances, a pesar de la extrema complejidad del proceso.
- No obstante, y a pesar de todos los esfuerzos, la CNMC sigue realizando observaciones que impiden que se cumpla lo establecido en la cláusula suspensiva del V Acuerdo sectorial estatal acordado, al no darse las condiciones de legalidad y seguridad jurídica necesarias para su entrada en vigor.
- Por ello, la patronal de la estiba cree que en este momento las administraciones públicas deben tener una participación más activa en el proceso para encontrar, junto a las organizaciones sindicales, una solución que sea compatible con el respeto absoluto a la legalidad vigente.