NAVIERA ARMAS

 

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Tras el preacuerdo firmado en diciembre, los bonistas, los bancos y la empresa han firmado un acuerdo para salvar a Naviera Armas, principal operador naviero entre la Península y las islas Canarias con una inyección de 160 millones. A cambio, consiguen la mayoría de los derechos económicos de la empresa e imponer un CRO que tutele el proceso de ­reestructuración de la compañía. Será la consultora Alvarez & Marsal.

Según informa Cinco Días, la compañía ha acordado con sus bonistas inyectar 160 millones. De ellos, 28 millones ya llegaron en diciembre y 60 millones sirven para devolver un préstamo que obtuvo de los fondos HPS y Apollo el otoño pasado. El resto llega en forma de liquidez para la compañía. La empresa pagará un interés del euríbor más 250 puntos básicos, que abonará en efectivo, y otros 750 puntos básicos que supondrán más deuda (el denominado pago en especie o PIK). Esta liquidez vence en julio y está asegurada por varios buques. Este es un préstamo puente que será sustituido por otro contrato de financiación a largo plazo una vez haya expirado. Los nuevos vencimientos oscilan entre 2025 y 2027. Además, Santander, CaixaBank y Sabadell participarán en la refinaciación con working capital por unos 70 millones.

Los bonistas capitalizan 245 millones de su deuda, que pasa de 610 millones a 366 millones. A cambio, obtienen la mayoría de los derechos económicos de la firma (el 65%), mientras que la familia Armas retendrá la mayoría de los derechos políticos. En concreto, se quedan con el 51% de los votos.

Los acreedores también obtienen una ventana para vender sus acciones de la compañía en tres años. En el acuerdo hay una cláusula específica para que se lance un proceso de venta en marzo de 2014 o antes si la empresa logra un ebitda de 100 millones de euros.

Para ello quieren cerciorarse de que la naviera canaria da los pasos necesarios para mejorar su situación. Han impuesto el nombramiento de un CRO (chief restructuring officer). Es decir, un encargado que pilotar la reestructuración del grupo y supervisar los intereses de los acreedores y las condiciones pactadas. El nombrado como nuevo CRO de la compañía es la consultora Alvarez & Marsal.

Los bonistas quieren asegurarse de que se cumplen dos asuntos. El primero son las limitaciones al endeudamiento y los compromisos financieros para alcanzar un ebitda cercano a los 100 millones.

El otro punto es avanzar en la digestión de Trasmediterránea, que compró a Acciona en 2018 por 400 millones. Los bonistas, asesorados por Houlihan Lokey, consideran que esta operación ha generado un sobreapalancamiento en la compañía y que no ha conseguido aflorar las sinergias esperadas. Quieren un cambio de rumbo en la gestión.

La familia Armas consigue retener la mayoría de los derechos políticos de la compañía. También mantener posiciones en el consejo de administración. A cambio, impulsan una ampliación de capital por importe de 40 millones de euros. Además del CRO, la empresa se compromete a renovar a sus cargos directivos, como un nuevo CEO, si bien hasta finales de 2022, algunas áreas serán gestionadas por Antonio Armas como presidente ejecutivo.