El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, reclamó hoy, durante los Consejos Consultivos de Política Pesquera y Política Agrícola para Asuntos Comunitarios celebrados en la sede del Ministerio en Madrid, que el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 garantice un tratamiento específico para el sector primario de las regiones ultraperiféricas.

Durante las reuniones, presididas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Canarias defendió ante el resto de comunidades autónomas que la nueva arquitectura presupuestaria europea reconozca y compense de forma efectiva las condiciones derivadas de la lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial y la reducida dimensión de las explotaciones y de los mercados, factores que repercuten directamente en los costes de producción derivados de un mayor gasto en transporte, energía, otros insumos y comercialización.

En este contexto, Quintero valoró la nueva visión estratégica para las regiones ultraperiféricas presentada la semana pasada por la Comisión Europea, pero demanda que sus planteamientos tengan un reflejo real en el futuro presupuesto, en la regulación europea y en el mantenimiento de instrumentos específicos que permitan compensar las condiciones en las que producen agricultores, ganaderos y pescadores canarios.

La pesca

En el ámbito pesquero, Canarias aboga por un POSEI específico para la pesca o, al menos, por la reforma del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), con el fin de atender las características de la flota artesanal y del tejido empresarial de las regiones ultraperiféricas.

Entre las propuestas de las Islas figura la revisión de los criterios utilizados para determinar el equilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca. El sistema actual puede dejar fuera de las ayudas a determinados segmentos de las flotas de las RUP por la aplicación de métodos que no reflejan adecuadamente las características de sus pesquerías.

Canarias plantea también eliminar la rigidez de los límites establecidos para destinar fondos a la compensación de sobrecostes. De esta manera, cada región ultraperiférica podría distribuir sus recursos entre compensaciones e inversiones de acuerdo con sus necesidades reales.

La actualización del cálculo de los sobrecostes constituye otra de las peticiones formuladas. La metodología debe incorporar la evolución de los gastos de transporte, abastecimiento e insumos, cuyo impacto resulta especialmente elevado en los territorios alejados del continente.

También se propone facilitar el acceso de las pequeñas empresas a estas ayudas y simplificar su gestión mediante mayores anticipos, menos carga burocrática y una reducción de los plazos de abono. El 95 % de las empresas pesqueras de Canarias son microempresas, circunstancia que limita su capacidad para prefinanciar las actuaciones hasta recibir los fondos europeos.

Respecto a la Política Pesquera Común, las aportaciones de Canarias se centran en flexibilizar las condiciones para fomentar la modernización y renovación de la flota artesanal cuando las actuaciones estén dirigidas a mejorar la seguridad laboral o la eficiencia energética sin incrementar el esfuerzo pesquero.

Esta adaptación también permitiría revisar las restricciones relacionadas con el arqueo, la potencia de los motores y el régimen de entrada y salida de capacidad. El objetivo es evitar que las reglas actuales obstaculicen actuaciones necesarias para mejorar la seguridad y avanzar en la transición energética.

El relevo generacional requiere, además, modificar las condiciones aplicables a la primera adquisición de embarcaciones por jóvenes. Los requisitos relativos a la antigüedad de los buques y la escasez del mercado de segunda mano en las islas reducen las posibilidades de incorporación a la actividad.

“La conservación de los recursos es compatible con la modernización de una flota envejecida. Mejorar la seguridad, las condiciones de trabajo y la eficiencia de las embarcaciones resulta esencial para garantizar la continuidad del sector y hacerlo atractivo para los jóvenes”, afirmó el consejero.