El 2 de junio, el Consejo de Transportes de la UE aprobó, por unanimidad, sus enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea sobre un nuevo Reglamento ‘FuelEU Maritime’, que pretende incentivar el uso de combustibles menos intensivos en carbono en el transporte marítimo y que forma parte del paquete ‘Fit for 55’.

España estuvo representada por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Raquel Sánchez, que en su intervención agradeció a la presidencia francesa el «haber considerado adecuadamente los impactos económicos y sociales en la propuesta» y calificó de «crucial para España la excepción en la aplicación del Reglamento en regiones ultraperiféricas y en las regiones insulares de menos de 200.000 habitantes, pues son territorios singulares y vulnerables que tenemos que proteger».

El texto acordado propone eximir permanentemente el 50% de la energía consumida en los viajes hacia y desde puertos situados en regiones ultraperiféricos (en España, Canarias).

Además, se permite a los estados eximir hasta 2030 el 100% de la energía consumida en los viajes entre regiones ultraperiféricas y durante la estancia de los buques en puertos de estas regiones. También a los buques de pasaje (excluidos los cruceros) en sus viajes hacia y desde las islas con menos de 200.000 habitantes censados. En España, todas las islas cumplen esta condición excepto Mallorca, Tenerife y Gran Canaria, lo que beneficiará a las islas más pequeñas de ambos archipiélagos. Estas últimas sufren el llamado efecto de la ‘doble insularidad’, al no contar con servicios marítimos directos.

Respecto al uso de la electricidad en puerto, el Consejo propone que, desde 2030, los portacontenedores y buques de pasaje deban conectarse a la red eléctrica del puerto para cubrir únicamente su consumo eléctrico a bordo y no todas las necesidades energéticas, como proponía la CE. También se exime de esta obligación a los buques fondeados, salvo que el Estado notifique formalmente su inclusión en determinados fondeos. Además, se establece que el 100% de las sanciones recaudadas se reinvertirán en proyectos de descarbonización en el sector marítimo y se incentivan los biocombustibles de origen no biológico.