La Autoridad Portuaria de Las Palmas licita estos días un contrato de dos años por 70 mil euros para asistencia técnico-jurídica en materia fiscal y contable, y dirección letrada ante los Tribunales de Justicia en el ámbito tributario. Los interesados pueden optar a este contrato hasta el 22 de febrero próximo.
Este contrato persigue fundamentalmente tres objetivos que suponen una necesidad a cubrir de la Autoridad Portuaria Las Palmas (APLP). Por un lado, un asesoramiento fiscal que dé respuesta a todas las exigencias en esta materia exigidas a la APLP, de manera que se cumpla eficientemente con todas las
declaraciones relativas a los diferentes impuestos que son aplicables a esta entidad.
Además, se hace necesaria la asistencia de expertos en esta materia para todas las dudas que, en materia fiscal, pudieran surgir en el desarrollo de las obligaciones tributarias exigibles a la APLP. Por otro lado, la confección de las Cuentas Anuales de esta entidad, así como una revisión de la contabilidad en la que se detecten errores o incumplimientos contables, y su corrección con las propuestas aportadas por los auditores con una profundidad y nivel de detalle que debe ir más allá de la mera revisión de las grandes cifras. Esta tarea resulta de vital importancia de cara a presentar con suficiente razonabilidad y criterio las explicaciones y justificaciones necesarias ante las salvedades que en su caso pueda
plantear la IGAE sobre las cuentas anuales presentadas.
Por último, ante la imposibilidad legal de asistencia y representación jurídica de la Autoridad Portuaria por parte de la Abogacía del Estado (representante obligado del TEAR-C) en los procedimientos económico-administrativos y contencioso-administrativos en materia tributaria, este Ente Público debe contar otros letrados para que lleven a cabo dicha función ante dichos Tribunales. Dado que el contenido y alcance de los referidos litigios en los Tribunales está vinculado con el asesoramiento fiscal y contable, conviene aunar ambos servicios en este contrato, incluyendo la dirección letrada de la Autoridad Portuaria ante los Tribunales de Justicia ordinarios, asesorando, además, ante los diferentes contenciosos que en materia
tributaria se pudieran plantear contra este Ente Público.