El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España ha publicado hoy en el BOE el convenio de asistencia jurídica firmado entre la Abogacía General del Estado y la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El objetivo de este acuerdo es lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica a la Autoridad Portuaria, para lo que ambas partes consideran conveniente la designación por la Abogada General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica. Se trata de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en la forma prevista en el ordenamiento jurídico.
La asistencia jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado. La Autoridad Portuaria colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los intereses en litigio. La asistencia jurídica a que se refiere este convenio no supondrá relación laboral entre la Autoridad Portuaria y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados en este, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de la Autoridad Portuaria y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, la Autoridad Portuaria será asesorada, representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador, especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre la Autoridad Portuaria y otra entidad convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía General del Estado.
Este convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, podrá prorrogarse como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. El acuerdo de prórroga se formalizará mediante adenda. Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el convenio, la Autoridad Portuaria satisfará a la Abogacía General del Estado la cantidad anual de 120 mil euros.
- Texto del convenio, en el siguiente enlace: