El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha publicado la Resolución de 20 de enero de 2026, de la Subsecretaría, por la que se hace público el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, renovando así el acuerdo suscrito en enero de 2024. El convenio ha sido firmado recientemente por David Segundo Vilas Álvarez, en su calidad de Abogado General del Estado, y por Beatriz Calzada Ojeda, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en representación de la entidad portuaria.

El objetivo de este acuerdo es reforzar la efectividad y coordinación de la asistencia jurídica a la Autoridad Portuaria. Para ello, la Abogacía General del Estado podrá designar a uno o varios abogados del Estado en activo que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica y garanticen una atención cercana y especializada. La prestación del servicio abarcará tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante todas las jurisdicciones, en los mismos términos que se aplican a la Administración General del Estado. Además, la Autoridad Portuaria colaborará con los abogados del Estado para la mejor defensa de sus intereses en litigio.

Intereses contrapuestos

El convenio establece que la asistencia no se prestará en los casos en que exista contraposición de intereses entre la Autoridad Portuaria y el propio Estado o sus organismos autónomos. En tales supuestos, la Autoridad Portuaria deberá designar abogado y, en su caso, procurador propio. Si el conflicto de intereses se produce entre la Autoridad Portuaria y otra entidad convenida, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el proceso hasta que se resuelva la consulta correspondiente. La duración del convenio será de dos años, con posibilidad de prórroga expresa por un máximo de dos años adicionales mediante acuerdo formalizado mediante adenda. Como contraprestación, la Autoridad Portuaria abonará a la Abogacía General del Estado la cantidad anual de 120 mil euros, que se satisfará en tres pagos cuatrimestrales.

Con esta renovación, la Autoridad Portuaria de Las Palmas refuerza su compromiso con la seguridad jurídica y la colaboración institucional con la Administración General del Estado para una gestión portuaria más sólida y coordinada.