El nuevo reglamento de control pesquero de la Unión Europea (UE) perjudica gravemente la actividad de las y los profesionales de la pesca artesanal de Canarias, puesto que genera inseguridad jurídica, la posibilidad de sanciones desproporcionadas, una carga administrativa y tecnológica inasumible, y posibles afecciones a la seguridad marina. Una norma que, en definitiva, supone una amenaza a la continuidad de esta actividad y al equilibrio socioeconómico de numerosas zonas del Archipiélago.

Por ello, todos los grupos políticos con representación en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria han aprobado este viernes una declaración institucional para salir en defensa de las flotas isleñas, en los términos propuestos por la Federación Canaria de Islas (Fecai) y como respaldo a las acciones que ya ha emprendido el Gobierno de Canarias con este mismo propósito.

Porque, como ponen de relieve en esa declaración, la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Control Pesquero de la UE y su futura transposición al ordenamiento jurídico español introducen obligaciones desproporcionadas, además de inviables técnicamente y alejadas de la realidad operativa de la pesca artesanal canaria, una actividad que se considera un pilar estratégico para la economía, la cohesión social, el empleo costero, la soberanía alimentaria y la identidad cultural de las Islas.

De hecho, entre las medidas de la norma europea que entraron en vigor el pasado día 10 de enero, las que el Cabildo considera más lesivas para el sector canario son el preaviso obligatorio de llegada a puerto con un mínimo de cuatro horas para los buques de 12 o más metros, incluso cuando faenan a escasos minutos de la costa. Asimismo, también se señala como altamente perjudicial la obligación de declarar todas las capturas desde el ‘kilogramo cero’, mediante el Diario Electrónico de A Bordo, cuando son conscientes de que las embarcaciones artesanales isleñas no tienen capacidad técnica real para realizar dicha cubicación.

Pero es que, además, critica que la propia UE ha declarado Canarias como Región Ultraperiférica (RUP), lo que le obliga a que todas las políticas comunitarias tengan muy en cuenta sus características específicas, como la lejanía, la fragmentación territorial, la dependencia del mar, las limitaciones técnicas de su flota y una economía estrechamente ligada al sector primario. Cuestiones que en absoluto se han tomado en consideración por parte de las autoridades europeas, que, por tanto, están vulnerando ese principio general si aplican de manera uniforme y mecánica ese Reglamento.

En este escenario, el documento incide en que tanto el Gobierno de Canarias como varios cabildos insulares ya han hecho patente su respaldo al sector pesquero artesanal y a las alegaciones presentadas por las cofradías de pescadores de las Islas a este respecto, y se lo han hecho saber al Ejecutivo estatal y a la UE. Una postura que el Cabildo de Gran Canaria asume, puesto que cree necesario fijar una posición común, firme y unitaria de todas las instituciones canaria y, en particular, del conjunto de cabildos, como administraciones más cercanas al territorio, al sector primario y a las comunidades costeras.

En consecuencia, el Pleno insular ha acordado respaldar las actuaciones del Gobierno canario y del resto de cabildos, frente a “la aplicación rígida y desproporcionada del nuevo reglamento europeo”, e instar al Estado español a defender ante la Comisión Europea la implementación efectiva de las flexibilidades que se deben aplicar a las RUP, en aras de dar garantías de una adaptación real de la normativa a la singularidad de la flota canaria.

Igualmente, el Cabildo exige la exención o adaptación a las especificidades de la flota artesanal canaria de los aspectos más lesivos de la normativa, que son la obligatoriedad del sistema VMS y del Diario Electrónico de A Bordo para embarcaciones menores de 15 metros que realizan tareas en mareas inferiores de 24 horas; la obligación de declarar capturas desde el ‘kilogramo cero’ sin medios técnicos adecuados, y el preaviso de llegada a puerto con cuatro horas de antelación, para barcos de 12 metros o más, en mareas de corta duración.

En la misma línea, demanda el reconocimiento de una alternativa equivalente y válida del futuro sistema canario de geolocalización de artes pasivos, con el fin de evitar duplicidades tecnológicas inviables, y, finalmente, aboga por la aplicación efectiva del principio de proporcionalidad y del estatus de RUP en toda la normativa de control pesquero que afecte a Canarias.

Reconocimiento a la Real Sociedad Económica de Amigos del País

En una segunda declaración institucional aprobada en la misma sesión plenaria, la Corporación insular reconoce la labor histórica que ha realizado la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, que el próximo día 4 de febrero celebra su 250 aniversario; apoya los principios fundamentales que defiende y su trabajo en favor de la divulgación, el bienestar y el desarrollo de la Isla, y hace un llamamiento público para fomentar la colaboración con la misma.

Así, en su acuerdo, el Cabildo grancanario pone en valor el trabajo de la que es la sociedad civil más antigua de Gran Canaria y de Canarias, que es ampliamente reconocida por su contribución permanente al desarrollo de la comunidad insular, a través de la promoción de los principios de la ilustración. En concreto, señala que la ‘Económica’, como se conoce popularmente a la entidad, se distingue por su empeño permanente en la mejora de la educación pública, el fomento de la riqueza de Gran Canaria, la cultura, la preservación del medioambiente y la cooperación nacional e internacional para el desarrollo y el mayor bienestar moral y material de sus habitantes.

Recalca que, hoy, se mantiene fiel a sus principios fundacionales, basados en el progreso sostenido, el reformismo a través del consenso, la educación y la cultura como riqueza prioritaria del ser humano, la tolerancia y convivencia de las ideologías y credos religiosos, y la defensa del país como medio de vertebrar a su población.

Y, por último, el Cabildo ensalza el legado de la Real Sociedad, que pretende reivindicar la historia y la cultura de la sociedad grancanaria, y movilizar el pensamiento ilustrado, crítico, para analizar los problemas que dificultan el progreso social y promover acciones para responder a tales problemas desde el humanismo, mediante la educación, la democracia, los Derechos Humanos y la filosofía universitaria.