El Consejo de Ministros aprobó el 18 de noviembre el Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Dicho Plan destinará un total de 250 millones de euros (M€) en cinco años (2026-2030) para apoyar a las navieras en la renovación y transformación de buques existentes y en la construcción de nuevas unidades con menos emisiones de gases de efecto invernadero, así como a promover el uso de combustibles renovables de origen no biológico, como el amoniaco o el metanol. La dotación prevista procederá de los ingresos generados por la inclusión del transporte marítimo en el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS).
Para la directora general de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), Elena Seco, la aprobación del plan “supone un avance significativo y un reconocimiento al papel estratégico del transporte marítimo en la economía española”. Al mismo tiempo, subraya que la dotación de 250 M€ en cinco años debe entenderse como un primer paso, “dada la magnitud de las inversiones necesarias para renovar y adaptar la flota, apostar por nuevas tecnologías y combustibles alternativos y desplegar soluciones innovadoras”.
ANAVE recuerda que las cantidades previstas apenas suponen un 5% de la recaudación que el ETS marítimo generará en España hasta 2030, estimada en más de 5.000 M€. Solo en 2025, con la obligación de entregar derechos equivalentes al 40% de las emisiones verificadas de 2024, la recaudación ligada al transporte marítimo rondará los 380 M€. Mientras tanto, los armadores españoles han invertido más de 800 M€ en los dos últimos años para modernizar su flota y reducir su huella ambiental, y tienen comprometidos más de 1.000 M€ adicionales en nuevos proyectos.
La creación de un Plan Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo financiado con cargo a los ingresos del ETS marítimo ha sido una reivindicación que ANAVE venía planteando de forma reiterada. Desde la Asociación se insiste en la necesidad de que el instrumento “vaya a más, tanto en volumen como en alcance” y que contemple ayudas no solo para inversiones (CAPEX), sino también para los costes operativos adicionales (OPEX) derivados del uso de combustibles y tecnologías más limpias, así como medidas transitorias realistas mientras los nuevos combustibles no estén plenamente disponibles.